Se trata de enmiendas presentadas a la proposición de ley actualmente en trámite parlamentario para modificar la Ley de 2005 por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El comercio de emisiones de gases funciona de tal manera que un regulador fija un tope en la cantidad total de gases que pueden emitir ciertas industrias, de manera que por cada tonelada de CO2 estas necesitan de un derecho o permiso que pagan al Estado y se reparten en una subasta.
En ese marco, Junts registró una enmienda para modificar la legislación y que la asignación de los derechos de emisión se lleve a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por el Derecho de la UE y que los procedimientos de aplicación de estos criterios se lleven a cabo por las comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias. Por su parte, Vox registró una enmienda para directamente derogar la Ley de 2005 que regula ese mercado.
EL GOBIERNO RECURRE A SU PODER CONSTITUCIONAL DE VETO
El Gobierno, tanto en el caso de Junts como en el de Vox, ha recurrido al poder de veto que tiene reconocido en la Constitución para presentar su disconformidad con esas enmiendas y sacarlas del trámite parlamentario. En concreto, se ha valido del artículo 134.6 de la Carta Magna, que establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de os ingresos presupuestarios requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación».
En los respectivos escritos de disconformidad, recogidos por Europa Press, el Gobierno esgrime que cualquiera de las dos enmiendas suponen una pérdida de ingresos de 2.300 millones para el Estado en 2026, pues en el caso de Junts ese dinero pasaría a las comunidades autónomas y en el caso de Vox directamente se desvanecerían.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) El Gobierno ha rechazado la tramitación de sendas propuestas de Vox y Junts que pedían, respectivamente, renunciar a los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) o bien transferirlos a las comunidades autónomas, pues alega que una decisión de este tipo tendría un coste para el Estado de 2.300 millones de euros.
